Un estallido social, sin precedentes se ha producido, en los últimos días en Chile, tal como lo informan los medios de comunicación.

Un alza en las tarifas del Metro de Santiago fue el detonante final de esta demostración de indignación y de la voluntad de no aceptar más abusos. Fueron los estudiantes de secundaria, alumnos del Instituto Nacional -principal liceo de la Capital- los que convocaron a una “evasión masiva” del pago del Metro. Pero rápidamente se sumaron a estos chiquillos -descalificados por las autoridades- estudiantes universitarios, trabajadores, dueñas de casa, profesionales y ciudadanos en general.

La presencia policial, tratando de impedir esta evasión, provocó una enardecida reacción de los manifestantes, algunos de los cuales empezaron a destruir parte de las instalaciones del Metro.

Y entonces la gente comenzó a salir masivamente a las calles para manifestarse no sólo por el alza del pasaje del Metro, sino para reclamar por todos los abusos de los que se sienten víctimas: los bajos salarios, las pensiones miserables, el maltrato, la desigualdad, la falta de acceso a la atención de salud y a la educación. Se protestaba por la colusión de las empresas para subir los precios a productos esenciales, por la impunidad; por la apropiación por parte de privados de bienes tan esenciales como el agua; por la obsesión del gobierno de legislar para favorecer siempre a los más ricos, postergando siempre a la mayoría más vulnerable…

La gente salió a manifestarse, mayoritariamente, en forma pacífica, pero como siempre sucede, hubo quienes aprovecharon la coyuntura para destruir lo que encontraban a su paso. Esa fue la excusa perfecta para que el gobierno, desconociendo intencionalmente las razones profundas y verdaderas de las protestas, hablara sólo de la violencia, de la destrucción y de los delincuentes y violentistas, que sólo quieren destruir y hacer daño.

Pero poco a poco, la autoridad comenzó a ser sobrepasada y la ciudad de Santiago, se convirtió en un verdadero campo de batalla. La noche del viernes 19 de octubre, fue de terror en muchos sectores de la capital. La autoridad reaccionó, entonces, decretando estado de excepción constitucional, sacando a los militares a la calle y confiando a ellos la recuperación del orden.

Al día siguiente, cuando muchos pensábamos que lo peor había pasado y que las amenazas de la autoridad y la presencia de militares en las calles, harían retroceder a los manifestantes, las cosas fueron muy distintas. Desde temprano la gente volvió a las calles y cada vez se sumaba más y más gente. Fue un segundo día de protestas masivas, pacíficas en su origen, pero acompañadas de la acción violenta de algunos.

A pesar de la presencia de los militares y del poder que se les concedió, nuevamente hubo destrucción de bienes públicos y privados, incluyendo el incendio de estaciones del Metro, de buses, edificios; el saqueo de supermercados y otros comercios.

Ante la situación insostenible, el gobierno empieza a ceder y se anuncia la suspensión del alza de los pasajes del Metro. El presidente de la República empieza a asumir un lenguaje más moderado y conciliador. Sin embargo, un poco más tarde, el jefe de las fuerzas militares decreta toque de queda para esa noche y dado que en otras ciudades del país también empiezan a replicar las manifestaciones de la capital, se decreta estado de excepción también, primero en las ciudades más grandes y poco a poco, en otros lugares.

Estas medidas de fuerza enardecieron aún más a la población y la segunda noche fue aún peor que la primera. En muchos sectores de Santiago la gente siguió manifestándose durante la noche. Y sorprendentemente, hubo saqueos, destrucción e incendios, en horas en que se suponía que todo estaría controlado, gracias a la prohibición de salir y a la presencia militar, en Santiago y en las principales ciudades del país.

El domingo 21 nadie descansó. Había que abastecerse de alimentos, combustible y otros elementos. Pero los supermercados y la mayoría de las estaciones de servicio estaban cerradas. Era necesario recorrer varios lugares para encontrar un poco de pan o para abastecer de combustible los vehículos. Y en la tarde, de nuevo la gente en las calles. En algunos lugares grandes, cantidades de personas, manifestándose en forma pacífica y ordenada y en otros, violentistas continuando con la destrucción de todo.

Al mediodía, el presidente se reunía con los representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Palabras conciliadoras y compromiso de solucionar los problemas fueron el contenido de las declaraciones a la prensa, al terminar la reunión. Pero en la tarde, nuevas zonas fueron declaradas en estado de excepción y se decretó nuevas medidas de fuerza: En Santiago habría toque de queda, a partir de las 19 horas y en otras ciudades, a las 20 horas. Sin embargo, llegada esa hora, la gente reunida masivamente en diversos lugares de Santiago y del resto del país, permanecieron impasibles en las calles, desafiando las medidas represivas del gobierno y de la fuerza militar.

Por la noche, el presidente volvía a utilizar un lenguaje duro, hablando de delincuencia y vandalismo, que ciertamente se ha producido, pero que no es ni de lejos la actitud de la mayoría de la población, por mucho que la destrucción sea abundante, al punto de que al contemplar nuestras ciudades parecería que estamos sufriendo las consecuencias de otro terremoto, como aquellos que con tanta frecuencia destruyen este país.

Han pasado 20 días desde el comienzo del este estallido social y aunque el gobierno ha sumado a la supresión del alza de los pasajes del metro la promesa de una serie de medidas de carácter social, tales como el aumento del salario mínimo y de las pensiones más bajas y otras, la ciudadanía ha sentido que estas promesas, además de tardías, no son suficientes y su anuncio, lejos de calmar las protestas las han agudizado.

Por otra parte, el estado de excepción constitucional redundó en excesos de parte de la policía y de los militares, quienes han violado claramente los derechos humanos, a través de detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, muertes de manifestantes y cientos de casos que han sido denunciados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y han puesto en alerta a organismos internacionales, por lo que actualmente se encuentran en el país varias delegaciones de organismos internacionales especializados en la materia.

El gobierno debió ceder nuevamente, levantando los estados de excepción constitucional y realizando un cambio parcial del Gabinete de ministros. Sin embargo, todas las medidas son recibidas con escepticismo por la población, porque a todas luces son insuficientes. La sensación que hay es que el gobierno sólo intenta cansar a la gente y no hacer ningún cambio profundo

Todos los días hay manifestaciones, marchas, protestas pacíficas y otras no tanto. Pero la mayor demostración del descontento ciudadano fue la marcha del viernes 25 de octubre, que reunió alrededor de un millón trescientas mil personas en la capital, la que se repitió prácticamente en todas las ciudades del país, por lo que se piensa que el total de los manifestantes, a nivel nacional. bordeó los tres millones de personas.

Poco a poco ha crecido la convicción de que la solución profunda es el cambio de la Constitución, ya que la actual fue redactada y aprobada durante la Dictadura, sin participación ciudadana y refrendada en un referéndum claramente fraudulento, celebrado sin registros electorales y sin la más mínima garantía para votar libremente. Esta Constitución contiene, en sí misma, normas que impiden su reemplazo o modificación en cosas esenciales, siendo además el marco legal que posibilita y garantiza todo el cúmulo de abusos por los que hoy se reclama.

No se sabe con certeza en qué parará toda esta situación. Hay quienes exigen la renuncia del presidente de la República, porque -aunque él se justifica en que los reclamos responden a un sistema injusto vigente durante 30 años- habría que ser muy ciegos para desconocer que el actual gobierno ha radicalizado este sistema abusivo e inhumano.

Hoy, a pesar de haberse levantado los estados de excepción, las cotidianas manifestaciones de descontento -mayoritariamente pacíficas- son reprimidas violentamente por la policía y sigue violándose gravemente los derechos humanos.

Carlos de la Rivera, CM
Provincia de Chile