LA PENA DE MUERTE

Cuando fue adoptada la Declaración de los Derechos Humanos, en 1948, ocho países suprimieron la pena de muerte para todos los crímenes. Desde entonces, más de la mitad de los países del mundo han seguido este ejemplo. Hoy, los datos de Amnistía Internacional revelan que 63 países han abolido la pena de muerte para todos los crímenes; 16 países la mantienen para crímenes de excepción y para los cometidos en tiempo de guerra; 24 países la han abolido de hecho, pero la mantienen legalmente aunque no haya habido condenas a muerte durante los últimos 10 años. Todavía la practican 92 países, aunque algunos están trabajando por su completa abolición.

En Asia, la pena de muerte está ampliamente extendida como fuerza de disuasión contra toda clase de crímenes. A menudo es aplicada sobre las personas más pobres y usada para eliminar a los oponentes políticos o a los soldados de baja graduación que desobedecen las órdenes. Los informes de Amnistía Internacional dicen que, estos últimos años, en Asia, el número de ejecuciones va en aumento y que ha alcanzado una cifra elevada (12.834, el 92% de ellas en China).

En África, la pena de muerte ha sido mantenida en la mayoría de los países. Sin embargo, un gran número de países la han abolido o se hallan en fase de abandonarla. En estos últimos años, el número de ejecuciones ha disminuido considerablemente (620); de ellas, más del 50% tuvieron lugar en Egipto y en el Níger.

La pena de muerte se practica ampliamente en los países de mayoría musulmana. Los países de ex Unión Soviética han legislado la pena de muerte para los crímenes importantes previstos en la ley islámica.

Europa, a excepción de Bosnia y la República Federal Yugoslava, ha sido el lugar donde el movimiento para abolir la pena capital ha sido más eficaz.

En Sudamérica, la mayoría de los países son abolicionistas en sus leyes o en la práctica. Centro América, lugar de diversas guerras civiles, se encuentra en una compleja situación donde, en medio de una fuerte violencia, la abolición de la pena capital es un hecho o está a punto de lograrse.

Casi todos los estados de Estados Unidos han mantenido la pena de muerte, pero la proporción de ejecuciones es bastante desigual. Solamente Texas ha ejecutado a más personas que estos cuatro estados juntos: Virginia (46), Florida (39), Missouri (29), Luisiana (24).

LA ENSEÑANZA DE LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA

Al acercarse el nuevo milenio, el Papa Juan Pablo II nos llama a asumir el desafío de la enseñanza católica contemporánea concerniente a este tema, alentándonos a renovar nuestros esfuerzos para detener las ejecuciones en todo el mundo.

La posición de la Iglesia en defensa de la vida tiene como base: una teología en la que la persona humana es imagen de Dios; una filosofía de la dignidad de todo ser humano; y la enseñanza social de la Iglesia que subraya que el estado y la sociedad están al servicio de la persona humana.

En el Nuevo Testamento, Jesús rechazó la violencia como solución a los problemas. El Evangelio revela el amor infinito de Dios hacia toda criatura, sin tener en cuenta su condición o sus méritos. Dios no quiere la muerte de pecador, sino su conversión. En el Evangelio, Jesús detesta el pecado, en cambio, ama al pecador. Sus discípulos son llamados a tener los mismos sentimientos que el Maestro. El sermón de la montaña ofrece una clara enseñanza: Jesús excluye la venganza en beneficio del perdón.

La primera edición del Catecismo de la Iglesia Católica reiteraba la enseñanza tradicional que no excluía el recurso a la pena de muerte, cuando era la única posibilidad para defender la vida humana de las agresiones. En cambio, en la segunda edición, el Catecismo afirma que hoy es posible al Estado combatir eficazmente el crimen apartando al criminal de la sociedad y que los casos de pena capital contra el culpable deberían ser “muy raros, por no decir prácticamente inexistentes”.

En su encíclica “El Evangelio de la Vida” (Evangelium Vitae, 25 de marzo de 1995), el Papa Juan Pablo II lanzó una llamada en favor de la abolición de la pena de muerte. En enero de 1999, en San Luis, dijo: “La pena de muerte es cruel e innecesaria”.

Recientemente el Santo Padre ha intervenido por tres veces contra la pena de muerte: en el mensaje urbi et orbi de Navidad de 1998; en sus alocuciones durante su viaje a México y más recientemente durante su visita pastoral a San Luis, en Missouri.

Las autoridades públicas, por supuesto, deben poner remedio a la violación de los derechos personales y sociales. Y lo deben hacer imponiendo al delincuente un castigo adecuado al crimen. Por una parte, deben hacer lo máximo posible para asegurar el orden público y la seguridad de las personas y, por otra, para ayudar al delincuente a cambiar de conducta y a rehabilitarse.

La Conferencia Católica de Estados Unidos describe la pena de muerte como un eslabón de una cadena de violencia y como una manifestación de venganza en la cultura americana. Dicen en Frente a una cultura de la violencia: “No podemos enseñar que matar es malo mientras nosotros mismos matamos”. La Conferencia se opone a la pena capital no sólo porque viola los derechos del condenado, sino también porque perjudica a toda la sociedad. No podemos suprimir el crimen ejecutando a los criminales, ni podemos devolver la vida a la víctimas inocentes quitándosela a los culpables. La pena de muerte produce la ilusión de que podemos defender la vida suprimiéndola.

ANÁLISIS

Muchos grupos se oponen a la pena de muerte considerándola como una violación de los derechos humanos. Para una sociedad, imponer la pena capital a los criminales es infligir un castigo inhumano. La crueldad de la pena de muerte es evidente no sólo en el curso de la ejecución, sino también durante el tiempo que transcurre entre el juicio y la ejecución de la pena.

Desgraciadamente, muchas personas en el mundo, incluyendo muchos católicos, están a favor de la pena de muerte. La sabiduría convencional está convencida de que la pena capital es necesaria para disuadir a las personas de cometer crímenes. Cuando el gobernador Georges Paraki de Nueva York firmó la ley que restablecía la pena de muerte en 1995, declaró: “Esto ayudará a salvar vidas”.

A pesar de todo, la mayoría de los sociólogos piensan que la pena capital no es un medio de disuasión. Un estudio realizado en 1995 por Richard Dieter y que incluye las entrevistas con 386 policías y comisarios tomados al azar, llevó a la conclusión de que sólo el 1% de ellos considera la pena de muerte como un factor de regresión de los crímenes violentos. Según ellos, la manera más eficaz sería “la reducción del abuso de drogas” y “una mejor política económica y más puestos de trabajo”.

En otros estudios, el 87% de los criminólogos y el 57% de los responsables de la policía están convencidos de que “los debates sobre la pena de muerte sirven de diversión a los Parlamentos y evitan concentrarse en las soluciones reales que han de tomarse contra la criminalidad”.

En Estados Unidos, el coste de una ejecución se eleva unos 2 millones de dólares, o sea, tres veces el coste de encarcelar a una persona durante 40 años. Este coste corresponde más o menos al salario de 48 oficiales de policía. El estado, como alternativa, podría invertir estos fondos en programas de prevención del crimen, rehabilitación de drogadictos y en el mantenimiento de una fuerza policial mejor preparada.

En muchos lugares, los sondeos demuestran que la opinión pública sería favorable a sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional como una alternativa a la pena de muerte, con tal que el criminal efectivamente permaneciese de por vida en prisión. Para que el castigo sea disuasivo del crimen, el juicio tendría que efectuarse con cierta rapidez. Los largos procedimientos de condena a muerte torturan a las familias de las víctimas, dejando abiertas sus heridas durante años de ulteriores investigaciones y juicios. Juicios rápidos y sentencias de cadena perpetua para los crímenes más graves es también lo que quieren las familias de la mayoría de las víctimas.

Allí donde se aplica la pena de muerte, existe el riesgo de condenar al inocente. Con relativa frecuencia, se ha inculpado a personas de crímenes que no habían cometido. En Gran Bretaña, la ejecución de un hombre inocente, Timoty Evans, movió a la opinión pública en favor de la abolición de la pena de muerte. En 1975, el gobernador de Florida perdonó a dos negros americanos injustamente condenados a muerte. Durante 12 años, habían estado esperando su ejecución por crímenes cometidos por otros. En febrero de 1994, las autoridades rusas ejecutaron a un vagabundo acusado de 52 asesinatos. Estas autoridades reconocieron que, antes de esta ejecución, habían ejecutado injustamente a una persona acusada de uno de esos mismos homicidios. Mientras tanto, otro hombre inocente, un sospechoso de esos mismos crímenes, se había suicidado.

Además, la pena de muerte ha sido usada con frecuencia de modo arbitrario. Las leyes de algunos países prevén la pena de muerte por hechos políticos y por reunión ilegal (como en China y en Irak), por hechos económicos y políticos no violentos (la anterior Unión Soviética), por especulación financiera, corrupción, robos, emisión de facturas falsas; por inmoralidad (adulterio en Irán, homosexualidad en Yemen) o por acciones contra la religión del estado (apostasía en Sudán, Arabia Saudita e Irán; blasfemia en Pakistán). Los orígenes étnicos y las condiciones económicas juegan a veces un papel determinante en la aplicación de la pena de muerte. El pertenecer a un grupo económicamente en bajo conlleva una pobre defensa, pues a menudo los tribunales nombran para ellos a abogados de oficio mal remunerados. Esto significa que, a menudo, las penas son aplicadas desproporcionadamente sobre los más incapaces de defenderse. En Arabia Saudita, los procesos a veces no respetan las reglas internacionales, pues se niega a los acusados el derecho a una defensa legal o asistencia de un abogado.

CONCLUSIÓN

En el espíritu del próximo Jubileo nos unimos al Santo Padre para reclamar la abolición de la pena de muerte. Juntos unamos nuestras fuerzas para desterrar la pena capital. Es importante que los pastores que prediquen y los profesores enseñen a respetar el derecho a la vida para todos. Mediante la educación y la oración, nos comprometemos a trabajar con perseverancia por la abolición de la pena de muerte y a luchar contra la cultura de la muerte.

A la vez que el rechazo de la pena de muerte recibe fuerte apoyo por parte de varios grupos religiosos, los no creyentes también aducen fuertes razones para su abolición: condenar a muerte a alguien inflige un castigo que viola el derecho a la vida; tiene un carácter irreversible y contradice el principio de la rehabilitación del culpable; un estado que mata legitima otras formas de violencia en la sociedad.

“No a la pena de muerte” es el lema de la Campaña Internacional para la Moratoria 2000, anunciada por la Comunidad de San Egidio, dirigida a todos los que se preparan a vivir intensamente el Año Santo y también a todos los hombres que sueñan con un nuevo mundo de paz.

Esta campaña afirma la necesidad de abolir la pena capital y, mientras se espera alcanzar este objetivo, propone suspender las ejecuciones. Se dirige a quienes creen en esta causa para que sus acciones no queden aisladas y también a aquellos que, sin tener las mismas convicciones, piden unirse para presionar en favor de la moratoria de la pena de muerte al comenzar el año 2000. En otras palabras, se pide un alto el fuego y el lanzamiento de un debate, sabiendo que incluso personas convencidas de la necesidad de la pena de muerte no admiten su uso a la ligera. Ya se han recogido cientos de miles de firmas en todos los continentes. El objetivo es reunir millones para hacer más fuerza cuando la propuesta de la abolición universal de la pena de muerte sea presentada a los entes representativos, comenzando por las Naciones Unidas.

El objetivo es ambicioso, pero realizable. La Comunidad de San Egidio trabaja en colaboración con Amnistía Internacional así como también con otras organizaciones laicas y religiosas. Esta iniciativa ha despertado el interés de un enorme número de personas que desean comprometerse activamente.

Para mayor información sobre este tema, puede dirigirse a:

Comunidad de San Egidio

Piazza S. Egidio, 3/a

00153 Roma (Italia)

Teléfono: (39) 06-58-56-61

Fax: 06-58-00197

e-mail: m2000@santegidio.org.

Internet:

San Egidio: http://www.santegidio.org

Amnistía Internacional: http://www.amnesty.org

Preguntas para el diálogo con los cohermanos:

1.¿Cuál es tu reacción personal respecto a la enseñanza actual de la Iglesia sobre la pena capital tal como se describe en los escritos del Papa Juan Pablo II, en el Catecismo de la Iglesia Católica y en los documentos de varias Conferencias Episcopales?

(Traductor: Máximo Agustín, C.M.)

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